SE AGRAVA CRISIS EN GUATEMALA

El ex secretario del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue detenido el jueves junto a varios funcionarios acusados de tráfico de influencias, un nuevo golpe para el Gobierno tras una ola de escándalos de corrupción que han indignado al país centroamericano.

Gustavo Martínez Luna, quien también es pareja de la hija de Pérez Molina, había renunciado a su cargo el mes pasado para “no desgastar” al Gobierno ante los persistentes señalamientos de un supuesto enriquecimiento ilícito publicados por la prensa local.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente respaldado por Naciones Unidas, acusó a Martínez y a otros funcionarios, incluidos un ex ministro de energía, un ex jefe tributario y un juez, de integrar una lucrativa red de venta de favores.

Martínez, abogado de 56 años y cercano colaborador del mandatario, habría acomodado la agenda presidencial para concretar reuniones e interceder por la empresa de energía Jaguar Energy a cambio del pago de al menos 120.000 dólares en comisiones, según las investigaciones.

… EMPRESARIOS TAMBIEN CORRUPTOS…

“El señor Martínez programaba reuniones con Pérez Molina. Era un hombre muy eficiente y por la forma como aparece actuando fue un aprovechamiento de sus beneficios para Jaguar Energy”, dijo Iván Velásquez, comisionado CICIG, en una rueda de prensa en la que aseguró tener documentos que respaldan sus aseveraciones.

Este caso sigue a los escándalos en las aduanas y la corrupción en el seguro social del país, que han llevado a decenas de funcionarios a la cárcel, incluido el jefe del Banco Central, y motivaron la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti y varios miembros del gabinete.

Martínez, ex jefe del oficialista Partido Patriota, revisaba los acuerdos y normativas que emanaban de la Presidencia y se encargaba de los asuntos jurídicos de Pérez Molina.

Una comisión legislativa recomendó la semana pasada retirar la inmunidad al presidente para que se le investigue después de los escándalos salpicaran a varias personas de su círculo de confianza, una decisión que debe tomar el pleno del Congreso, que todavía no ha fijado una fecha para la votación.

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