MARCHISTAS OPOSITORES DEBEN PEDIR PERMISO Y ASUMIR FIANZA

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que advierte que toda marcha opositora que no tenga permiso será declarada ilegal… Las manifestaciones deben contar con autorización y la firma de un responsable que asuma la responsabilidad por daños a terceros y a la propiedad privada… “La Policía Nacional reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales”, dijo la institución.

… ORGANISMOS DE DDHH REACCIONAN… “Recibimos con preocupación nota de prensa de Policía Nacional de Nicaragua que califica de ilegal las manifestaciones y criminaliza su convocatoria. Esto es contrario a los estándares interamericanos e inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática”, expuso la CIDH en un comunicado… Edison Lanza, relator de la CIDH para la libertad de expresión, declaró que requerir autorización previa para manifestarse “es una restricción incompatible con los derechos de expresión, reunión y asociación. Una marcha pacífica no puede declararse ilegal previamente con el fin de criminalizarla”… En igual sentido se pronunció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

… REPROCHAN… La Presidenta del CENIDH, Vilma Núñez reprochó la decisión de la Policía Nacional calificándola de inverosímil e ilegal porque a su juicio prohibir de previo una manifestación es violar el derecho a la movilización y reunión… En declaraciones al Canal 12, sostuvo que con ello se cometen nuevas violaciones de derechos humanos y una actitud intimidatoria de la institución policial porque cree que se busca penalizar las marchas con actitudes persecutorias… El ex presidente de Hagamos Democracia, Roger Arteaga también argumentó que cualquier prohibición a la libre movilización violentaría la Carta Magna, porque la Policía solo debe garantizar derechos ciudadanos.