La Fiscalía Regional del Tribunal de Cuentas de Calabria, tras una investigación llevada a cabo por el Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Catanzaro, emitió “invitación a proporcionar deducciones“hacia una clínica privada – ya acreditados ante el Servicio Regional de Salud para la prestación de servicios de ingreso hospitalario y ambulatorio – así como, solidariamente, con las autoridades competentes gestión pro tempore (Presidente del Consejo de Administración y gerente general).
Las investigaciones, realizadas por la Unidad de Policía Económico-Financiera de Catanzaro, coordinadas por el Fiscal Regional del Tribunal de Cuentas Romeo Ermenegildo Palma y seguidas por el Fiscal Adjunto Gianpiero Madeo, y realizadas tras las investigaciones de policía judicial delegadas por la Fiscalía de Catanzaro , actualmente en fase de prueba, han permitido revelar los perfiles relacionados de responsabilidad tributaria por parte de la citada estructura.
En detalle, la Fiamme Gialle ha podido comprobar cómo, en 2016, la mencionada residencia de ancianos recibió más de 680.000 euros, aportados por el servicio sanitario regional para cubrir los costes de servicios altamente especializados en la unidad de cuidados intensivos coronarios (UCI), bajo el título de «funciones no arancelarias”, que se remuneran independientemente del coste real del servicio individual.
Sin embargo, la actividad investigativa, realizada también a través del acceso al local declarado dedicado a la prestación de servicios sanitarios tipo UTIC, permitió comprobar que la clínica, a pesar de estar acreditada y reembolsada para garantizar los servicios antes mencionados, nunca realizó esta actividad. De hecho, nunca se activó en las instalaciones una unidad de cuidados intensivos coronarios, con personal médico y paramédico dedicado, y las instalaciones (sólo utilizadas formalmente como NICU) se utilizaron en realidad para hospitalizaciones ordinarias.
Ante la presunta falsedad de la información, la clínica cobró indebidamente 680.285,00 euros pagados por el Servicio Regional de Salud durante 2016. Por lo tanto, en relación con los reembolsos recibidos y no vencidos correspondientes al año 2016, la Fiscalía Regional del Tribunal de Cuentas, al considerar que existen elementos probatorios precisos a los efectos de imputar responsabilidad administrativa por daños al erario, invitó a los presuntos responsables a proporcionar deducciones, en vista de una posible citación judicial.
