La ‘Ndrangheta por un lado y la política por el otro. Una encrucijada de intereses en cuyo centro se encuentra la salud pública de Vibo, según la Dirección Antimafia del distrito de Catanzaro «completa y totalmente subordinada al crimen organizado y a los líderes políticos regionales». Con el devastador resultado de que «licitaciones, concursos e inspecciones» se convertirían en nada más que «meras herramientas para favorecer tanto a las estructuras criminales como a los políticos locales y regionales». Son muy contundentes las palabras impresas por la fiscalía antimafia en los documentos de la investigación “Maestrale-Carthago”, la operación que de hecho devolvió a la Vibo ASP a la tormenta judicial. El proceso, resultante de la unión con las investigaciones «Olimpo» e «Imperium», todavía está en curso y, por lo tanto, los jueces aún tendrán que examinar las posiciones individuales de los ex directivos y empleados de la empresa sanitaria implicada. Pero el panorama que describe la investigación que, por orden cronológico, ha implicado a la ASP de Vibo, es ciertamente impresionante. En su seno estarían «representadas» las distintas camarillas criminales de la provincia – desde los Mancuso hasta los Accorinti, pasando por los «locales» de Sant’Onofrio, San Gregorio y Mileto – que «a través de gestores sanitarios específicos» habrían influido en la institución. .
